“Cuando hablamos de ordenar el tema de los áridos, estamos buscando la forma de recuperar el equilibrio perdido que debe existir entre desarrollo y la protección del medio ambiente, hemos decidido asumir el liderazgo de este tema porque con la llegada del verano los proyectos de infraestructura significan grandes extracciones desde las cuencas y la idea es que este debe ser un proceso ordenado que no signifique un desastre ecológico que debamos lamentar a mediano plazo”.

De esta forma el Diputado Sebastian Alvarez se refirió a una reunión que tuvo en el Ministerio de Obras Publicas con el subsecretario Lucas Palacios, y los integrantes de su equipo asesor con quienes coincidió en la gravedad del tema que es planteado por Alvarez desde el 2018, cuando presento un proyecto de resolución que solicitaba que se pudiese unificar en un solo cuerpo legal, todo lo que se refiere a normativa, reglamentos, ordenanzas, etc. a la extracción de áridos en nuestro país.

“y en base a esa solicitud que nosotros hicimos al gobierno, la subsecretaría de obras públicas acogió este llamado y hemos estado trabajando desde hace más de un año en una iniciativa legal que busca justamente poder avanzar en una legislación única que pueda obtener trazabilidad y de la misma forma, resguardar los cauces, las cuencas en lo que es la extracción de áridos en nuestro país”. Explico el parlamentario.

Para Alvarez, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y asesor directo de la realización de la Cop 25 en Chile, el tema es muy grave, especialmente desde que las multas y otras restricciones no ponen orden ni límites a la actividad de empresas de áridos y particulares, ligados al tema de la construcción, actividad que registra un gran repunte con la llegada del verano y la baja de los cauces, especialmente que ahora están muy disminuidos por la crisis climática que afecta  a todo el país. 

“De ahí la importancia de este encuentro donde además de definir algunos puntos importantes coincidimos en que el nuevo cuerpo legal debe contemplar especialmente un capítulo de fiscalización una que cuente con los recursos necesarios para dar tranquilidad a la comunidad y lograr que el desarrollo y la protección del medio ambiente sean de lo más equilibrados”.

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